17 de febrero de 2013

Lo que no manda la ley

La pretensión del Ministerio de Salud Pública de censurar el debate sobre la ley de aborto, lejos de lograr su  propósito, no ha dejado de fracasar previsiblemente con cada nueva aparición del tema en la prensa escrita o en los informativos - situación por lo demás saludable, en medio de un tira y afloja por censurar debates y conciencias.


En el caso del Subsecretario del MSP y Profesor grado 5, el Dr Leonel Briozzo, cabe atribuirle como mínimo el mérito a la perseverancia; o mejor dicho, a la obstinación: ahora pretende convocar a una suerte de taller que él define como "de alto nivel", tanto al Colegio Médico como a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República; una jornada de trabajo de la que participarán "los más idóneos" de dichas instituciones, para trabajar sobre un eventual cambio en la reglamentación de la ley de aborto, que obligue a los ginecólogos objetores de conciencia a rendir cuentas de la misma ante un Ministerio y un Subsecretario que ya han hecho de la persecución ideológica y el hostigamiento a profesionales de la salud un deporte nacional. En principio, está convocada una reunión preparatoria para el 19 de febrero, mientras que el mencionado taller tendría lugar el 15 de marzo.

Según datos oficiales, el 30% de los ginecólogos uruguayos se acogió en su derecho a la objeción de conciencia para no practicar abortos ni recetar fármacos abortivos; y en departamentos como el de Salto, la totalidad de los especialistas ha manifestado dicha objeción, mientras que en departamentos como Paysandú y Tacuarembó, sólo uno de sus ginecólogos está dispuesto a realizar abortos o prescribir abortifacientes. No sólo eso, sino que un grupo de más de cien profesionales médicos de todo el país (la mayoría de ellos ginecólogos) presentaron un recurso de revocación contra el decreto que reglamenta la ley de aborto, al cual adscribieron, entre otros, los otros dos catedráticos grado 5 de Ginecotocología: los Profesores Dr Washington Lauría y Dr Justo Alonso, también objetores.

Un revés de proporciones tales que, evidentemente, ni los legisladores abortistas ni los promotores y defensores a ultranza del aborto legal - como el Subsecretario Briozzo - esperaban tener que afrontar. Desde entonces, el hostigamiento y las amenazas hacia los ginecólogos objetores no han parado ni por un momento.

En su último manotazo de ahogado para justificar la persecución ideológica y laboral a los especialistas, que ya dejó de ser irrisoria para pasar a ser francamente molesta, el Subsecretario apela a un comunicado del Colegio Médico para justificar que se exija a los profesionales rendir cuentas de su objeción de conciencia - comunicado, vale recordar, que el propio presidente del Colegio médico - el Dr Jorge Torres - aclaró que se presta a distintas interpretaciones y cuyo espíritu no es legitimar que se exija a los profesionales justificar por qué objetan.

E incluso si esa fuera la intención del comunicado, la misma se estrellaría inexorablemente contra lo previsto tanto por la propia ley de aborto como por la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

El Diputado y médico pediatra, Dr Javier García, expone la razón con claridad meridiana en una nota publicada en el diario El País.


El artículo 11 de la ley [de aborto] dice expresamente, que "bastará" la sola manifestación, es decir que no prevé fundamentación de ningún tipo para hacer efectiva esa negativa, sino su simple comunicación. Por ello no hay decreto ni reglamentación posterior que pueda exigir lo que la ley ni pide ni exige. Y es así porque sería inadmisible para un razonamiento medianamente democrático que se le pidiera a cualquiera que en cuestiones de ideas y conciencia se deba rendir cuentas al gobierno de turno.

La ley es la única que puede, por razones de interés general, establecer límites al ejercicio de derechos. Dice el artículo 10 de la Constitución de la República en su segundo párrafo: "Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Y la ley, para el caso concreto, no manda fundamentar la objeción de conciencia ni someterla a tribunal calificador ninguno, por más académico y universitario que sea. 

Es un tema de derechos humanos elemental, que puede ser entendido hasta por aquellos que lo único que conocen de estos derechos son sus violaciones de hace 40 años y no aquellas que suceden todos los días en nuestro país. Pretender reglamentar la conciencia (suena brutalmente autoritario, pero es lo que se pretende) y someterla a un tribunal que dictará la validez de esa "conciencia" o la negará, es igual que pretender reglamentar las ideas. Y eso lo intentaron varios en la historia de la humanidad, a todos les fue mal, y hoy ocupan la vitrina de los déspotas más ilustres. Mejor estar lejos de esa góndola.

Va siendo hora de parar con este circo de hostigamiento y de atropellos legales. Nuestro país ya ha hecho demasiadas veces el ridículo público, como para darnos ahora el lujo de que un Subsecretario y nada menos que catedrático grado 5 salga todas las semanas en la prensa atacando a sus colegas para exigirles lo que no pueden ni él ni el ministerio ni ningún otro jerarca u organismo.

Se fue de gira por el Interior del país para convencer a los objetores de que se retractaran de su posición, y no funcionó. Los acusó de hacer uso de la objeción de conciencia por motivo de conflictos e intereses laborales, y no funcionó. Los amenazó con que incurrirían en omisión de asistencia si se niegan a practicar abortos o a recetar fármacos abortivos, y no funcionó. Citó una encíclica de Juan Pablo II para justificar sus exigencias (fuera de broma, lo hizo), y no funcionó. Amenaza ahora con cambiar la reglamentación que el propio MSP sacó tan apresuradamente, aunque eso vaya contra la propia ley de aborto y contra nuestra Constitución, y si en Uruguay todavía se tiene algún mínimo respeto por la legalidad, esto tampoco funcionará.

No funcionará porque sus exigencias y las del MSP no tienen ningún asidero legal; y no funcionará porque los profesionales de la salud y quienes nos preparamos para llegar a serlo no nos vamos a dejar arrastrar a ningún tribunal inquisidor.

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